Por no garantizar la realización oportuna de un procedimiento quirúrgico de reemplazo total de cadera requerido por un paciente de 78 años, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) impuso a la EPS Coomeva una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivale a $877´803.000.

Los hechos se remontan al 15 de enero de 2018 cuando la EPS autorizó el procedimiento quirúrgico que, pese al paso del tiempo, no le fue practicado. En abril del mismo año, el paciente radicó una queja ante la Supersalud e interpuso una tutela para que se le protegieran sus derechos. Esta última fue fallada a su favor en el mes de julio.

A pesar de ello, la EPS tampoco cumplió con la orden judicial ni con los requerimientos hechos por la delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud.

Para noviembre del mismo año, once meses después de la autorización inicial por parte de la EPS, se evidenció que al paciente aún no se le había practicado la cirugía.

Al ser requerida por la Supersalud, la EPS adujo problemas de carácter administrativo con las IPS habilitadas que podrían practicar el procedimiento.